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Edición número: 7766
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El dolor de cabeza de Espaa


por Cronistas de Nueva York

02/10/2018


(Nueva York, 2 Octubre 2018)

Aprovechó el independentismo catalán el primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre para lanzar a las calles a los jóvenes más combativos y violentos y presionar así al Gobierno español. Los activistas materializaron diversos actos de fuerza, como la ocupación de vías de tren o los accesos a la Bolsa de Barcelona, lo cual fue noticia de portada en Financial Times. El propio presidente regional de Cataluña les animó públicamente a crear disturbios y desorden. “Gracias, hacéis bien en apretar”, agradeció y alentó Quim Torra a los denominados CDR, o Comités de Defensa de la República, unos grupos de aire revolucionario.

El objetivo de los separatistas fue ayer de nuevo denunciar internacionalmente al Gobierno español, equiparándolo a Turquía como ejemplo de estado represivo. Una caracterización grotesca por cuanto, por un lado, el independentismo catalán sigue apoyando al presidente Pedro Sánchez y, por otro, el Ejecutivo socialista se niega a suspender esta autonomía, tal como reclama la oposición conservadora del PP y Ciudadanos, que observan alarmados la desprotección de los catalanes pro-españoles.

El desenlace de este conflicto, inserto en la crisis de valores de España, se adivina lejano en el tiempo. Uno de los resultados de futuro más previsibles, a tenor de las posiciones políticas de unos y otros, apunta hacia la concesión de una mayor autonomía económica y fiscal a Cataluña, además de la condonación de delitos por rebelión y sedición a sus líderes. Esto es, la implantación de un modelo similar a Quebec, como han dejado claro en Nueva York Pedro Sánchez y Josep Borrell, el ministro catalán que actúa como ideólogo y estratega.

El problema es que el independentismo está crecido y se muestra insaciable. A las cesiones de Madrid lleva décadas respondiendo con nuevas peticiones, en una espiral de reivindicaciones interminables. Ante esta dinámica, una mitad de la población española considera que la manera de resolver el conflicto, que degenera día a día, es aplicar la ley y suspender indefinidamente el autogobierno catalán. Una especie de medicina correctiva para una región insolidaria y antipática, que es un permanente dolor de cabeza para España.
 


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