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Catalua: lucha entre dos


por Mikel Amigot

31/01/2018


(Nueva York, 31 Enero 2018)

La acción judicial española, con la inequívoca caracterización del procés catalán como un delito contra la unidad nacional, ha colocado estos días a los independentistas no procesados ante las cuerdas. Si acatan la ley pueden seguir en el gobierno autonómico, disfrutando de prebendas, repartiendo cargos y gestionando dineros. Pero si optan por no abrazar la Constitutición española, su destino será el procesamiento, inhabilitación política y cárcel. Momento de elegir.

Hasta principios de octubre de 2017, cuando fueron arrestados los Jordis, este dilema no existía entre los separatistas. Décadas de incumplimiento jurídico les imbuyó un sentido de impunidad, que, en un exceso de confianza, les llevó al asalto contra el Estado, primero con un referendum no autorizado y después, proclamando la República catalana. Los Tribunales actuaron y los dirigentes de esta especie de golpe de estado contra la Constitución del 78 fueron encarcelados o huyeron a Bélgica. De nada les sirvió los intentos por descalificar la acción de la justicia tildándola de polítizada (o franquista), y presentar su rebelión como un puro conflicto político entre España y Cataluña. 

Los mensajes de debilidad emitidos por Moncloa, y partidos gobernante y de la oposición, han venido insuflando en los independentistas la idea de que al final de la andanada habrá una negociación política en el marco de un país plurinacional, donde se aprobará un referendum de autodeterminación. Sin embargo, frente a la timidez y complejos de Madrid (para desesperación de la ciudadanía española), el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional han tomado la iniciativa y establecido un marco de juego muy claro. Finalmente, los actores del nacionalismo lo han entendido.

Carles Puigdemont, astuto y visionario, lo captó antes que nadie, y por ello se dió a la fuga en el mismo día de autos. Oriol Junqueras, ingenuo él, se presentó ante el juez y fue arrestado, sospechando que la cárcel sería un sacrificio temporal del que saldría ensalzado como un mártir. En el medio, Carme Forcadell se percató pronto de la gravedad de la situación y no tuvo inconveniente en abjurar de sus principios nacionalistas. Así lo hicieron también otros consejeros apóstatas, vacunados tras pasar una noche tras otra en prisión. 

Ahora entra en escena otro soberanista, Roger Torrent, de 38 años, casado, con dos hijos, y limpio de delitos. Está feliz en su cargo de President del Parlament y desearía perpetuarse en el sillón, para lo cual necesitaría el apoyo de los radicales proclives a incumplir la ley española. Igualmente, el encausado Puigdemont lo azuza para que se salte las normas y lo sitúe al frente de la Generalitat. A esto se sumó ayer la presión de la calle, que ayer reapareció de las cenizas y dió un golpe de efecto mediático al desbordar el cordón de seguridad de los Mossos (otra vez los Mossos) e irrumpir en el Parque de la Ciutadella donde está el Parlamento. 

Torrent, sin ningún deseo de ser procesado y encarcelado, ha puesto en marcha una estrategia gradual de salvación personal, que pasa por mantener la cara ante la presión independentista y permanencer en el cargo. Para lo cual, la única solución es nominar un candidato sin causas penales, diferente a Puigdemont, que se desenvuelva en el marco autonómico y constitucionalista, con expresa renuncia a la República. Ayer, lunes 30, ganó tiempo demorando sine die la celebración del pleno de investidura, en espera de nuevas oportunidades.

Puigdemont, una fiera malherida que sólo ganará si el Gobierno español persuade a los jueces para que no lo procesen, parece haber optado por agitar a las masas, a través de la ANC y Omnium, como vimos ayer. Ello puede volver a proyectar ante los medios internacionales la idea del conflicto político en Cataluña, con su presidente legitimamente elegido en el exilio. La falta de manifestaciones en los últimos dos meses no ha ayudado a la causa. 

El argumento de Puigdemont hacia la Cataluña independentista cuando hábilmente llama a la unidad es claro: si Torrent nomina a un candidato alternativo, será la aceptación del marco autonómico y el fin de la lucha por la República. En otras palabras: Puigdemont –antiguo convergente– es el sueño colectivo de la República de Catalunya, mientras Torrent –dirigente del adversario electoral ERC–, en su interés egoista, puede ser quien acepte la legalidad española, en cuyo caso el fugado de Bruselas terminaría en la papelera de la historia.

Se trata hoy por hoy de una guerra soterrada de dos políticos independentistas por su supervivencia personal, disfrazada de principios y retórica inflamada. Si no hay otro candidato a la Generalitat, persistirá la excepcionalidad del 155, habrá nuevas elecciones en abril, y la crisis se prolongará, para beneficio de Puigdemont, abonado al cuanto peor mejor, y para terapia colectiva del victimismo catalán, que parece disfrutar de la pelea con Madrid. 
 

Mikel Amigot  
Cronista, Educador  

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