La premisa inmoral de negarle humanidad al feto, como hace la ley del aborto, contamina toda la construcción del discurso pro abortista, pero explica la falta de escrúpulos con los que el anterior Gobierno se vanagloriaba de introducir en la sociedad la muerte legal de decenas de miles de seres humanos. Incluso la entonces ministra Aído dio un paso más al defender el aborto como un método de planificación familiar para “evitar embarazos no deseados”, cuando lo cierto es que el aborto no evita embarazos, sino que los elimina, y que todos los expertos desaconsejan emplear el aborto como método contraconceptivo.
Esta mala ley persevera también en la discriminación legal injusta de los enfermos, legitimando la muerte del feto de mala salud, supuesto con innegable sesgo depurador de la raza. Es, en definitiva, una ley de mala intención, que busca el debilitamiento de valores esenciales en toda sociedad, cuales son la vida y la maternidad, y que convierte al Estado en un promotor de abortos, en vez de dar prioridad a la conservación de la vida humana y a una solución positiva de los conflictos que provocan los embarazos no deseados, que es lo que cabe esperar de una sociedad que presume de moderna, asistencial y solidaria. El nuevo Gobierno tiene la palabra para enmendar este injusto desaguisado.
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