El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo de anular parte de la ley sobre inmigración de Arizona, aunque ha admitido su "preocupación" por el "impacto" que pueda tener la luz verde dada a la parte que faculta a la Policía para identificar a personas sospechosas de estar en el país en situación irregular.
Obama, partidario de una reforma sobre inmigración a nivel federal en lugar de soluciones estatales, ha advertido en un comunicado de que "ningún estadounidense debería vivir bajo la sombra de la sospecha sólo por su apariencia". Por este motivo, ha pedido que la aplicación de esta disposición no ponga en riesgo los derechos de la ciudadanía, "como reconoce la decisión del tribunal".
El mandatario ha abogado por seguir trabajando en materia legislativa y, especialmente, en "prioridades" como la seguridad de fronteras y la persecución de los delitos relacionados con la inmigración. Todo ello, ha dicho, teniendo en cuenta "necesidades económicas y de seguridad" y manteniendo a Estados Unidos como "una nación de inmigrantes".
"Lo que nos hace estadounidenses no es una cuestión de nuestro aspecto o nuestros nombres. Lo que nos hace estadounidenses es nuestra creencia compartida en la promesa duradera de este país y nuestra responsabilidad compartida para dejarlo más generoso y con más esperanza de como lo encontramos", ha destacado Obama.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado tres de las cuatro disposiciones más polémicas de la ley de inmigración del estado de Arizona apeladas por el Gobierno federal en lo que supone una victoria política para la Administración de Obama, que conserva así sus competencias en materia de inmigración.
La sentencia, firmada por el juez Anthony Kennedy, invalida la disposición que tipificaba como delito la presencia en Estados Unidos sin el debido permiso de trabajo, la que tipificaba como delito que un inmigrante careciera de documentación válida y la que autorizaba a la Policía a detener a cualquier inmigrante que pudiera haber cometido un delito que implicara la deportación. La sentencia ha sido apoyada por cinco de los nueve jueces que integran la sala.
La única disposición de la ley estatal que ha sido admitida pese a haber sido apelada es la que obliga a los agentes de las fuerzas de seguridad a comprobar la situación en materia migratoria de las personas que hayan cometido un delito. La sentencia señala que "no está claro si la aplicación de este artículo interfiere con las leyes sobre inmigración", lo que deja la puerta abierta a nuevos recursos a partir del momento en el que se aplique la norma.
"El Gobierno federal ha presentado una demanda contra un estado soberano contra este artículo incluso antes de que la ley entre en vigor (...). Existe una falta de certidumbre sobre lo que implica la ley y sobre cómo se va a aplicar. En este momento, sin el beneficio de una interpretación final de los tribunales estatales, sería inapropiado asumir que el apartado 2(B) suponga un conflicto con la legislación federal", explica.
El virtual candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de noviembre, Mitt Romney, ha declarado que el fallo del Supremo pone de manifiesto la necesidad de que quien esté en la Casa Blanca ejerza su liderazgo en una "cuestión clave" como es la inmigración.
En este sentido, ha apostado en un comunicado por desarrollar una "estrategia nacional sobre inmigración" que implique a los dos principales partidos políticos, pero sin rechazar que los estados puedan legislar por su cuenta.
"Creo que cada estado tiene el deber y el derecho de asegurar nuestras fronteras y preservar el estado de derecho, especialmente si el Gobierno federal no ha cumplido con sus responsabilidades", ha recriminado el exgobernador de Massachussetts.
Por su parte, el Gobierno de México ha dicho "tomar nota" del fallo del Tribunal Supremo estadounidense, a través de una nota en la que "lamenta" que dicha corte no haya encontrado elementos para declarar inconstitucional, "en principio", las redadas policiales sobre supuestos 'sin papeles'.
México ha reiterado que tanto la ley de Arizona como otras normativas sobre esta materia "no reconocen las numerosas contribuciones de los migrantes a sus comunidades de destino". En cambio, "conlleva altos costes políticos y no contribuye al entendimiento entre nuestras sociedades", hasta el punto que puede dar pie a "violaciones de los derechos civiles".
