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Madrid anunció su primera represalia contra Argentina por su decisión de expropiar una petrolera de la española Repsol, una medida que abrió una crisis diplomática y que impulsó al Parlamento europeo a pedir que agencias de la UE consideren más medidas de castigo.
La represalia apunta a golpear "los bolsillos" de Argentina, dado que buscaría limitar las importaciones españolas de biodiésel desde el país sudamericano, que alcanzaron unos 800 millones de dólares en el 2011, o un 66 por ciento de las ventas totales.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, desafió al gobierno español al decir que se podrán absorber eventuales excedentes de biodiesel y aseguró que España probablemente termine pagando más caro por el combustible.
La jefa de Estado dijo, sin embargo, que no cuestionará ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) la represalia española, bautizada por Madrid como la "Orden del Biodiésel".
"No vamos a hacer ningún planteo ante la Organización Mundial del Comercio, no vamos a decir 'nos están cerrando las exportaciones'. No vamos a hacer diatribas. Nosotros no somos así", dijo Fernández en un discurso.
YPF, la mayor petrolera argentina y fuente de la mitad de la producción de Reposol-YPF, fue intervenida el lunes por el Gobierno y se descuenta que el Congreso aprobará rápidamente la expropiación del 51 por ciento de la firma de manos del grupo español.
Argentina quiere que las petroleras extranjeras aumenten la producción para reducir sus crecientes importaciones de crudo Y decidió la expropiación a Repsol tras meses de presionar a YPF para que aumente sus inversiones.
La tercera economía de América Latina está marginada de los mercados internacionales de capitales tras un masivo incumplimiento de deuda en el 2002 y depende de su superávit comercial para financiarse.
La decisión de expropiación despertó críticas de otros socios comerciales de peso como México o Estados Unidos, además de la Unión Europea, mientras que el jefe del Banco Mundial, Robert Zoellick, dijo el jueves que el plan de expropiación es "un error" y un "síntoma a vigilar".
Los ministros de finanzas del G20, reunidos en Washington, no se pronunciaron sobre el caso, pese a la lluvia de críticas internacionales.
"Este no es un foro (el G20) que aborde disputas específicas o temas bilaterales, por lo que en ese sentido lo que se verá en el comunicado -y eso refleja lo que se debatió a nivel del G20- es que seguimos comprometidos como grupo con el libre comercio", dijo el viernes el secretario mexicano de Hacienda, José Antonio Meade.
El Parlamento europeo, en tanto, aprobó una resolución en la que "deplora" la decisión argentina e insta a estudiar una suspensión parcial de las ventajas que aplica la Unión Europea a las exportaciones del país sudamericano.
La decisión de Fernández tuvo un fuerte impacto sobre los activos financieros locales, golpeando esta semana los bonos, las acciones y la moneda del país.
Banqueros internacionales afirmaron que la expropiación de la petrolera prácticamente cerraba la puerta a los mercados internacionales de capital a los pocos emisores argentinos que tenían ofertas de títulos en carpeta.
Cuba y Venezuela respaldaron abiertamente la decisión de expropiación tomada por Argentina, mientras que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo el viernes que no interferirá en los asuntos de otras naciones.
"De ninguna manera interferiremos, ni emitiremos opiniones o juicios de valor", dijo Rousseff.
De todos modos, la petrolera brasileña estatal Petrobras intentará aumentar su plan de inversiones de 500 millones de dólares este año en Argentina, mientras avanzan las negociaciones para que recupere una concesión en la provincia patagónica de Neuquén revocada este mes, dijeron funcionarios.
El ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, transmitió el viernes en Brasilia su "optimismo" sobre la posible devolución de esa licencia y pidió más inversiones de Petrobras.
"Estamos en vías de resolver esta pequeña diferencia que surgió", dijo De Vido tras reunirse con el ministro brasileño de Minas y Energía, Edison Lobao, y la presidenta de Petrobras, Maria das Gracas Foster.
Según fuentes de la industria, el Gobierno argentino presionó a las autoridades de Neuquén para que devuelvan la concesión de Petrobras, una empresa responsable por un 8 por ciento de la producción de petróleo en Argentina.
