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La justicia española dio hoy el primer paso para suspender al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a propósito de la causa abierta contra él por presunta prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, decidió hoy por unanimidad solicitar un informe a la Fiscalía sobre la posible suspensión cautelar del magistrado.
El informe que emita la Fiscalía no será vinculante, si bien la actuación del CGPJ se interpreta como el primer movimiento hacia la posible suspensión de Garzón.
El paso dado hoy por el órgano de gobierno de los jueces españoles se produce después de que la semana pasada el Tribunal Supremo rechazara archivar la causa contra el juez por presunta prevaricación en la investigación que abrió sobre las desapariciones durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).
Según indicó entonces el juez Luciano Varela, la investigación que la corte ha realizado en los últimos seis meses "no rectifica, sino que ratifica" los indicios de prevaricación por parte de Garzón.
La demanda a la que se enfrenta Garzón y que podría costarle su puesto como juez instructor en la Audiencia Nacional fue interpuesta meses atrás por el pequeño sindicato Manos Limpias, contrario a las investigaciones del magistrado sobre los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo.
A esa querella se unió después otra asociación de ideología similar llamada Libertad e Identidad.
Según los demandantes, Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de miles de personas pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, es decir, incurrió en un delito de prevaricación, acusación que el magistrado rechaza.
La Fiscalía se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de archivar la querella contra Garzón.
En su procedimiento penal contra el franquismo, Garzón acusó al general Francisco Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia de España.
En noviembre de 2008, un mes después de abierta la causa, Garzón tuvo que abandonar la investigación, al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía. Su abandono fue un duro golpe para los familiares de los decenas de miles de víctimas. La investigación pasó entonces a manos de los distintos juzgados territoriales del país, donde permanece actualmente.
