El Tribunal Supremo de EEUU anunció que decidirá si los derechos de privacidad cubren los mensajes personales de texto que envía un trabajador con equipo propiedad de su empleador, al admitir a trámite un caso sobre un agente de policía que envió mensajes explícitos sexualmente desde su busca, propiedad del departamento policial.
Los jueces aceptaron revisar la decisión de un tribunal de apelación de California acerca de que leer mensajes de texto enviados con dispositivos proporcionados por el empleador viola los derechos de privacidad del trabajador y supone un "registro no razonable", prohibido por la Constitución.
El ayuntamiento afectado apeló al Tribunal Supremo, indicando que las empresas suelen tener políticas que establecen que los empleados no pueden esperar privacidad en sus comunicaciones electrónicas a través de aparatos propiedad de la compañía.
Conforme los ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos que envían mensajes de texto se han ido convirtiendo en material habitual en el lugar de trabajo, la mayoría de los empleadores han advertido a sus trabajadores de que el uso de estos dispositivos puede estar supervisado. El Tribunal Supremo podría decidir cuánta privacidad tienen los empleados cuando utilizan estos aparatos.
Se espera que los argumentos sobre el caso se presenten en primavera, con una sentencia probablemente a finales de junio.
El caso, iniciado en Ontario, California, deriva de una demanda presentada por el sargento Jeff Quon y otros tres miembros del equipo de intervenciones especiales (SWAT, en sus siglas en inglés), que denunciaron al Departamento y al jefe de Policía por leer mensajes de texto.
Quon afirma que el jefe violó sus derechos y los de aquellos que recibieron los mensajes - sus compañeros el sargento Steve Trujillo, la agente April Florio, que fue su novia, y su esposa Jerilyn Quon.
El departamento afirma que Quon utilizó su busca para intercambiar cientos de mensajes personales, muchos de ellos sexualmente explícitos, a pesar de haber firmado un documento sobre la política del ayuntamiento que permite sólo un uso personal limitado del equipo electrónico del empleador, y que advierte al empleado que no espere ninguna privacidad en su uso de esos dispositivos.
Según el contrato de la ciudad con la empresa que proporcionaba los servicios de mensajería, cada busca tenía permitido enviar 25.000 caracteres al mes. Otro agente dijo a Quon que podía reembolsar el dinero a la ciudad si excedía el límite.
El Departamento de Policía se puso en contacto con la operadora, una empresa que ahora forma parte de USA Mobility, tras saber que algunos agentes habían superado el límite mensual. La empresa entregó las transcripciones de los mensajes al jefe de policía.
