La cúpula de la Iglesia Católica peruana apareció dividida ayer en relación a la eventual sanción penal que podrían recibir los violadores de menores de edad que asesinen a sus víctimas: castración química o cadena perpetua, informó AFP.
La división saltó al primer plano cuando el cardenal Juan Luis Cipriani, del Opus Dei, puso literalmente el grito en el cielo al desautorizar la posición del obispo de Chimbote, el jesuita Luis Bambarén, en favor de la castración química.
''La castración química tampoco es la solución a estos problemas, estoy en total desacuerdo con esto, ante estos problemas tenemos que educar a la población'', enfatizó el cardenal y también Arzobispo de Lima.
Cipriani subrayó que la cadena perpetua es la solución y explicó que rechaza la castración química porque ``nadie tiene derecho de privar las funciones del hombre, la Iglesia niega todo aquel acto que es anormal''.
La posición de Cipriani se vio fortalecida por declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Hugo Garaycoa, quien dijo que El Vaticano ``rechaza contundentemente la castración química para violadores de menores''.
En lo que coinciden los obispos, conservadores, moderados o progresistas, es su rechazo a la pena de muerte, que también se reclama como sanción alternativa para los violadores.
Bambarén, un influyente prelado ligado a la Teología de la Liberación cuya opinión casi siempre sintoniza con el peruano de a pie, pidió que se castigue con castración química como alternativa a la pena de muerte a los violadores.
En Perú, con una población católica superior al 90 por ciento, el debate acapara la atención de los medios en las últimas 48 horas.
La propuesta del obispo Bambarén recibió un inesperado respaldo político cuando el ministro de Justicia, Alejandro Tudela, admitió que legalmente podría ser viable.
''Legalmente podría ser viable, habría que adecuar la legislación ... y estudiar estas penas corporales para sacar de circulación a quienes cometen este tipo de delitos'', declaró a la prensa el titular de Justicia.
El detonante de la polémica ha sido la propuesta de varios parlamentarios de pedir la pena de muerte para quienes abusen sexualmente de niños, luego de que en junio un niño de nueve años muriera a manos de un drogadicto tras ser violado.
El crimen provocó una ola de indignación ciudadana en Lima y sensibilizó a la población y prensa de la capital: no hay día en la semana que los informativos de televisión no den cuenta de un caso de abuso sexual contra menores.
A pesar de que la pena de muerte está parcialmente prohibida en Perú desde hace dos décadas --sólo se aplica en casos de traición a la patria en guerra exterior--, los congresistas pidieron mano dura para los violadores.
Los congresistas proponen un abanico de medidas que va desde la pena de muerte hasta la cadena perpetua, pasando por la castración química, en lugar de las penas benignas actuales de 10 años de cárcel.
La ley peruana castiga con cadena perpetua a quienes reincidan en el delito de violación.
En el 2004 se denunciaron 276 casos de violación sexual contra menores de edad. En las cárceles peruanas hay 1,830 condenados por este delito. Nadie a perpetuidad.
