Las autoridades estadounidenses han acusado hoy a diez personas de participar en una red de tráfico ilegal de mujeres procedentes de Honduras, que eran engañadas, forzadas a trabajar sin descanso y maltratadas, informa EFE.
Según informó hoy la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en un comunicado, la líder de esta organización es Luisa Moreno, estadounidense de origen salvadoreño, propietaria de varios establecimientos de bebidas, que fue detenida el miércoles junto con Rosalba Ortiz.
Los otros acusados son Ana Luz Rosales Martínez, de 37 años, detenida en enero pasado en Nueva Jersey; Noris Elvira Rosales Martínez, de 29 años, quien fue arrestada en febrero pasado en Tennessee; y José Dimas Magana, de 40 años y arrestado en Union City en la misma fecha que la anterior.
También son supuestos implicados José Arnaldo Isuala-Meza, un presunto "coyote" de 23 años que habría violado a alguna de las jóvenes a las que hizo pasar ilegalmente a Estados Unidos, y que es buscado actualmente en Honduras; y Elsa Consuelo Isuala-Meza, de 44 años y sobre la que también hay una orden de detención.
El comunicado señala que las autoridades pedirán la extradición de otros tres sospechosos, que están detenidos en Honduras: Lourdes Rosales Martínez, de 33 años, Zenia Zunilda Martínez, de 56 años, y Nancy Floridalma Rosales Martínez, de 34, acusadas de reclutar a las inmigrantes.
La mayoría de las víctimas, entre las que hay adolescentes de catorce años, pertenecían a zonas pobres y rurales de Honduras, y acudían a Estados Unidos con la promesa de un trabajo de camareras en restaurantes de Nueva Jersey.
Cuando llegaban, las chicas eran obligadas a trabajar siete días a la semana hasta que conseguían reunir dinero suficiente para pagar la deuda del viaje a sus captores y eran sometidas a abusos físicos y psicológicos.
La deuda contraída por los trámites del viaje oscilaba entre los 10.000 y los 20.000 dólares.
Las chicas eran forzadas a consumir alcohol y bailar con los clientes del bar para conseguir el dinero, y eran golpeadas y amenazadas con la deportación o la agresión a miembros de sus familias en Honduras en caso de negarse.
Las mujeres recibían unos 240 dólares por 48 horas de trabajo a la semana, además de una cantidad proporcional a las bebidas que vendían en el bar a los clientes, pero de ese dinero tenían que pagar a los traficantes entre 250 y 500 dólares por semana.
A pesar de se encontraban en situación irregular en el país, las víctimas están recibiendo asesoramiento, educación y otros servicios sociales, según el comunicado.
Además, podrán recibir la ciudadanía estadounidense y reunirse con sus familias, que también podrán solicitar esta nacionalidad, agrega la nota.
Las jóvenes estaban sometidas a un "trato inhumano y sádico", destacó Christopher J. Christie, fiscal del condado de Hudson, en el estado de Nueva Jersey.
La desarticulación de la red fue resultado de las investigaciones de la ICE, el Departamento del Trabajo y las autoridades hondureñas.
